[Traducción no oficial]
INFORME: EVALUACIÓN DE LA ASISTENCIA
PARA LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA
Por Susanne Gratius*
Investigadora de FRIDE
*Susanne Gratius, alemana, es miembro de la Stiftung Wissenschaft und Politik
(SWP, Fundación Ciencia y Política), un think tank público que asesora al
ejecutivo alemán. Trabajará en la FRIDE hasta mayo de 2011. Además de
Venezuela, entre sus "campos de investigación" se destaca, "el fomento de la
democracia y procesos de transformación en Cuba".
FRIDE (Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior) es
un think tank europeo, con sede en Madrid, que busca influir en las políticas y
prácticas de actores estatales y no estatales en Europa y otros ámbitos
internacionales sobre paz y seguridad, democratización y derechos humanos,
desarrollo y acción humanitaria.
Este informe fue preparado con financiamiento del Movimiento Mundial para la
Democracia (entidad creada por la Fundación Nacional para la Democracia
“NED” de Estados Unidos)
Este informe es uno de 14 realizados como parte de un proyecto para evaluar la
efectividad de la asistencia para la democracia en los países seleccionados. El
proyecto busca recolectar distintos puntos de vista sobre como el apoyo a la
democracia podría ser re-legitimado y su impacto mejorado. Pueden encontrar
otros informes sobre otros países estudiados y un informe general en la página
Tradicionalmente, el Estado petrolero venezolano ha sido un donante y no un
beneficiario de la asistencia para el desarrollo. Para la comunidad de donantes,
los países ricos en petróleo con un ingreso mediano no son una prioridad.
Aunque existe una demanda creciente de los actores de la sociedad civil
venezolana para recibir más financiamiento externo, en comparación con otros
países de América Latina, los recursos invertidos en Venezuela aún son
limitados ($40-50 millones de dólares al año). Una de las razones por las cuales
esto sigue así, es porque Venezuela es un país rico que no llama la atención de
los donantes, porque muchos tienen intereses económicos en el país, y por
último, porque la sociedad civil está relativamente débil, y hay una falta de
socios neutrales para apoyar en medio de un ambiente semi-autoritario y
polarizado.
En comparación con su papel en otros países latinoamericanos, la comunidad
internacional (con la excepción de Estados Unidos) ha prestado poca atención a
la transición (desde el 1999) de Venezuela de una democracia representativa a
un régimen autoritario y personalizado. Las elecciones son el vínculo principal
entre una democracia y una dictadura en Venezuela. Cuando Chávez ganó el
referéndum en 2004, el régimen comenzó a radicalizarse, concentrar su poder y
neutralizar a sus adversarios políticos. Hoy, casi todas las instituciones son
controladas por el gobierno: la oposición, los disidentes y los candidatos de
oposición están bajo amenaza, encarcelados o inhabilitados. Paralelo a la caída
del apoyo popular del Presidente (desde el 2007) y la caída de los precios del
petróleo, el carácter autoritario del régimen ha sido más evidente. En
comparación con el aumento en el autoritarismo en Venezuela, las respuestas
internacionales no han sido adecuadas y coordinadas.
ACTIVIDADES DE LOS DONANTES
Hasta finales de los años ochenta, Venezuela fue promovida como una de las
democracias más estables de América Latina y una promotor regional de la
democracia (a través de la doctrina de Betancourt). En esa época, la promoción
de la democracia – particularmente realizada por las fundaciones políticas
alemanas – estaba enfocada en el apoyo directo a los dos principales partidos
políticos, Acción Democrática (AD) y COPEI, y el proceso de la
descentralización. Hoy, un grupo de donantes internacionales, relativamente
pequeño, está actuando en Venezuela en el ámbito político. Aunque la asistencia
para la democracia ha incrementado un poco en Venezuela durante los últimos
años, su papel aún está muy limitado en comparación con las necesidades
financieras de una sociedad civil debilitada por el gobierno de Chávez, y ahora
dependiente el apoyo externo.
La presencia de grandes donantes internacionales involucrados en la promoción
de la democracia en Venezuela, particularmente los donantes estadounidenses,
incluyendo al Centro Carter, el Instituto Republicano Internacional (IRI), el
Instituto Demócrata Nacional (NDI), el Instituto de la Sociedad Abierta (OSI), la
Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), USAID, y la Fundación
Nacional para la Democracia (NED), e instituciones multilaterales, como la OEA
y Comisión Europea, está vinculada con la presidencia de Chávez y la
deterioración de las prácticas, valores e instituciones democráticas. Su
intervención política en Venezuela comenzó después de la aplicación de la
nueva Constitución Bolivariana, aprobada en referéndum popular en 1999, que
fue el punto inicial de la Revolución de Chávez y el Socialismo del Siglo XXI.
Mientras que Canadá y la Unión Europea orientan su trabajo hacia los derechos
humanos y la observación electoral, las entidades estadounidenses y la
Fundación Konrad Adenauer de Alemania están estrechamente vinculadas con
los partidos de la oposición, las ONG y la Iglesia Católica. Además de gobiernos
y agencias públicas internacionales, la asistencia para la democracia también se
canaliza a través de la Iglesia Católica (Adveniat, Misereor, Alboan) y las
fundaciones públicas-privadas. A nivel nacional, la Fundación Jesuita “Fe y
Alegría” y la Fundación Polar contribuyen a los proyectos locales.
LA SOCIEDAD CIVIL INCIPIENTE
Debido al modelo de desarrollo concentrado en el Estado, las organizaciones de
la sociedad civil en el ámbito político en Venezuela son una creación nueva.
Para comenzar, ni siquiera existe un directorio de organizaciones de la sociedad
civil y se puede encontrar sólo dos redes de “ONG políticas”: Sinergia
(compuesta por organizaciones sociales y políticas) y Foro por la vida
(organizaciones de los derechos humanos). Un problema adicional es el
aislamiento regional e internacional de la sociedad civil venezolana, que
tradicionalmente ha sido endogámico.
Muchas organizaciones de la sociedad civil nacieron en 2002 – el año del golpe
– como respuesta a la polarización entre Chávez y la oposición. En
consecuencia, ellos se convirtieron en una pieza clave del juego político. Por
razones históricas, los partidos políticos y las ONG compiten (por recursos y
atención internacional) en lugar de ser aliados. Aunque muchas ONG políticas
forman parte de la oposición, están bajo peligro de convertirse en blancos del
gobierno. Distintas percepciones de la democracia, rivalidades personales y
competencia por el financiamiento han impedido la creación de una plataforma
amplia y común de los partidos políticos. Además, con por lo menos un proceso
electoral por año, los partidos políticos y las ONG han sido forzados a estar en
una “campaña permanente”. La sociedad civil incipiente de Venezuela aún está
experimentando un proceso de aprendizaje con respeto a la recolección de
fondos, la coordinación entre sus grupos, y su imagen internacional. A pesar de
las grandes cantidades de fondos suministrados por las entidades
estadounidenses, la mayoría de las ONG y partidos políticos no tiene fondos ni
equipos suficientes. Hay muchas “organizaciones virtuales”, que no tienen ni una
oficina o un equipo permanente.
La asistencia para la democracia proveniente de las entidades extranjeras está
principalmente canalizada a través de 10 a 12 pequeñas instituciones, todas con
oficinas en Caracas. Nuevos actores políticos, como el movimiento estudiantil y
otros grupos, han recibido fondos de los donantes, principalmente de los
Estados Unidos. En general, la asistencia a la democracia no ha sido distribuida
bajo un contexto estructurado por necesidades, sino por demanda, y de hecho
ha sido de proyecto a proyecto sin una estrategia mayor. Hay pocos convenios
de largo plazo entre donantes y beneficiarios que reciben la asistencia para la
democracia en Venezuela: uno de los pocos ejemplos es el apoyo financiero de
la Comisión Europea al “Observatorio de Prisiones” y la organización de
derechos humanos Provea; otros ejemplos incluyen el convenio entre la
Fundación Konrad Adenauer y la UCAB, y el financiamiento suministrado por el
Instituto Demócrata Nacional (NDI) y el Instituto Republicano Internacional (IRI)
a los partidos políticos y ONG en Venezuela.
La mayoría de los donantes en Venezuela ha subrayado la poca influencia
política y las divisiones entre las ONG locales y los partidos políticos. Algunos se
quejan del bajo nivel de confianza y el alto grado del personalismo de la mayoría
de las organizaciones de la sociedad civil venezolana. Estos problemas pueden
ser atribuidos a la intimidación y acoso del gobierno, y también por sus propias
debilidades internas. Hay un amplio consenso dentro de la comunidad
internacional sobre la extrema dificultad, o casi imposibilidad de trabajar con el
gobierno; y existe una frustración general sobre la falta de cultura democrática
de los dos lados; y la percepción de una creciente polarización política. Las
respuestas a ésta situación varían: mientras que algunas organizaciones
internacionales simplemente renunciaron a su apoyo; otros (como las agencies
estadounidenses) han incrementado su financiamiento a la sociedad civil
venezolana; y un tercer grupo ha decidido mantener un bajo perfil.
PERFILES DE LOS DONANTES PRINCIPALES
Con fondos anuales de aproximadamente 6 millones de dólares para el 2010,
Estados Unidos es el donante más grande de la asistencia para la democracia
en Venezuela. No obstante, debido a las tensiones políticas con el gobierno de
Chávez, y para proteger a sus socios, EEUU mantiene una presencia con poca
visibilidad en el país. Aparte de la Comisión Europea, que ocupa una posición
importante debido a su política de “bajo perfil”, no hay otros donantes grandes
de la comunidad internacional que operen en Venezuela. Aunque Noruega,
Holanda, Dinamarca, Francia y el Reino Unido financian algunas actividades
relacionadas con los derechos humanos y la democracia, el grupo de donantes
principales en Venezuela está compuesto por Estados Unidos, la Comisión
Europea, varias fundaciones alemanas, Canadá y España.
Hasta hace poco, Estados Unidos no tenía un papel importante en la promoción
para la democracia en Venezuela. Cuando la intervención estadounidense
comenzó durante el gobierno de Chávez, su perfil político consistió en el apoyo a
los partidos de la oposición y algunas ONG. En 2002, la oficina de iniciativas
hacia una transición de la USAID lanzó su primer programa para ayudar a las
ONG activistas de derechos humanos y partidos políticos. Las tensiones
políticas entre los dos gobiernos comenzaron cuando Chávez acusó al gobierno
de Bush de haber apoyado el golpe de Estado de abril 2002. Aunque el
embajador de EEUU regresó a Caracas (luego de un conflicto diplomático de 10
meses), Washington aún no tenía contactos de alto-nivel con el gobierno y
decidió mantener sus relaciones diplomáticas de perfil bajo. Sin embargo, desde
entonces, el gobierno de Chávez ha comenzado a criminalizar los beneficiarios
de los fondos estadounidenses y ha creado un enemigo externo para justificar al
incremento del autoritarismo y las amenazas contra sus adversarios. Miembros
de la ONG Súmate, que recibió fondos de la NED para un proyecto de
observación electoral, fueron acusados de conspiración y traición. El juicio en su
contra, que comenzó en 2003, aún está pendiente. Gracias al “caso Súmate”, las
agencias estadounidenses decidieron bajar su perfil en Venezuela y suministran
poca información sobre sus proyectos, socios y resultados de sus programas.
Según la información disponible, durante los últimos siete años, EEUU ha
gastado alrededor de 3-6 millones de dólares en proyectos pequeños con los
partidos políticos y ONG en Venezuela. Los fondos estadounidenses están
canalizados a través de Development Alternatives Inc (DAI), la Fundación
Panamericana del Desarrollo PADF (desde 2005); el Instituto Republicano
Internacional (desde 2003); el Instituto Demócrata Nacional (desde 2002); y
Freedom House (desde 2004). Como las agencias estadounidenses no tienen
sus oficinas locales en Venezuela, los proyectos son principalmente canalizados
a través de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Debido al alto riesgo
político, la mayoría de los donantes y beneficiarios no suministran información
detallada sobre sus actividades. Esto explica la baja visibilidad de los proyectos
estadounidenses en Venezuela, en comparación con los recursos que gastan.
Algunos ejemplos concretos de los proyectos financiados por EEUU son:
• Desde el 2002, Development Alternatives Inc (DAI) ha venido
implementando un programa de pequeñas becas (asistencia técnica) para
debates públicos y campañas sobre la democracia, la construcción de
confianza, la formación y capacitación de jóvenes líderes y asuntos
sociales. DAI no ofrece ninguna información pública sobre sus proyectos
en Venezuela. (Nota: luego de una serie de denuncias sobre su trabajo en
Cuba, Venezuela y Afganistán, DAI decidió cerrar su oficina en Caracas y
trasladarla a México. Actualmente, un funcionario de DAI está detenido en
Cuba por subversión y espionaje, y recientemente, varios de sus
trabajadores fueron asesinados en Afganistán).
• El Instituto Demócrata Nacional (NDI) ofrece asistencia técnica a distintos
partidos políticos, apoya a las campañas electorales locales y trabaja con
gobiernos municipales (no chavistas). NDI dio el financiamiento inicial
para crear la ONG Ojo Electoral en 2002, como un esfuerzo conjunto con
los chavistas, representantes de la oposición y actores neutrales. No
obstante, hoy en día, la organización no recibe fondos del NDI y es,
debido a la falta de financiamiento, una de las “ONG de maletín” que no
tiene ni equipo ni oficina permanente. (Nota: NDI mantiene una oficina en
Caracas dirigida por la venezolana Karina Espinoza Cermeño. Financian
a partidos políticos de la oposición, programas con el movimiento
estudiantil de la oposición y están intentando penetrar a los gobiernos
municipales chavistas y al PSUV).
• El Instituto Republicano Internacional (IRI) suministra asistencia técnica
(entrenamiento, formación, campañas, estrategia comunicacional) a
COPEI y otros partidos conservadores en Venezuela. En 2009, IRI
comenzó un programa de “buena gobernabilidad” a nivel municipal.
• Con fondos anuales de aproximadamente un millón de dólares, la NED
financia proyectos pequeños de la sociedad civil, la democracia y la
libertad de expresión en Venezuela. Los que reciben su financiamiento en
Venezuela no aparecen en ninguna lista pública.
• Freedom House orienta sus actividades en Venezuela hacia los derechos
humanos y la libertad de expresión.
• La Fundación Panamericana del Desarrollo (PADF), una fundación
pública-privada vinculada con la OEA y el gobierno de EEUU, incrementó
su trabajo en Venezuela. Varias ONG locales reciben su principal
financiamiento de la PADF, cuyo objetivo principal es fortalecer a la
sociedad civil. Parecida a la NED, y para proteger a sus socios locales,
ninguna información sobre sus proyectos y actividades en Venezuela está
disponible en el ámbito público.
• El Instituto de la Sociedad Abierta (OSI), con sede en Washington, DC, es
un donante reciente en Venezuela. Sus proyectos iniciales han incluido el
financiamiento para la observación electoral (Ojo Electoral) y la libertad de
expresión (Espacio Público). Ninguna información pública sobre sus
actividades en Venezuela está disponible.
Con un promedio de 6 a 7 millones de euros (canalizados a través de distintos
proyectos), la Comisión Europea es el donante principal con una oficina física en
Venezuela. La Comisión financia proyectos con entidades gubernamentales (a
nivel local) y un amplio sector de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo
los sindicatos. Los proyectos de la Comisión Europea son multi-anuales, con
hasta 900 mil euros para cada uno, incluyendo al apoyo para la infraestructura
básica y el personal. La cantidad total para proyectos políticos varia entre 2 a 3
millones de euros anuales. Dos terceras partes de sus proyectos multi-anuales
están orientadas hacia los derechos humanos; la violación de los derechos
humanos, las condiciones de las cárceles, los refugiados y la discriminación.
Hace poco, la Comisión financió un gran proyecto para fortalecer la libertad de
expresión y los medios, canalizado a través de Sinergia, para fortalecer la
capacidad de las organizaciones de la sociedad civil. Como otros países, la CE
trabaja con diferentes ONG a base de proyectos y no establece alianzas
especiales con socios locales. Una excepción a esta regla ha sido su apoyo a
Provea y su Informe Anual sobre Derechos Humanos. Ningún partido político u
otras actividades de la oposición ha recibido apoyo.
Además de la Comisión Europea, España es el principal actor político europeo
en Venezuela. En contraste con EEUU, las relaciones de España con el
gobierno venezolano han sido calificadas como “excelentes” y “en su mejor
momento”. A pesar de las buenas relaciones entre los dos gobiernos, la
Comisión bilateral encargada de la selección y evaluación de proyectos no se ha
reunido desde 1999. Aunque Venezuela es un país de ingresos medianos, y por
ende no es una prioridad económica para España, su agencia del desarrollo
AECID mantiene una oficina en Caracas. La asistencia para el desarrollo de
España a Venezuela (1.2 millones de euros en 2008) está concentrada en varios
proyectos técnicos con entidades gubernamentales, particularmente con el
desarrollo de fuentes de energía alternativas, asesoría para los Ministerios del
Ambiente, Planificación y Desarrollo y otros, reforma agrícola y protección al
ambiente.
Según los entrevistados de España, el trabajo con el gobierno
venezolano requiere un proceso constante de negociación y adaptación a
nuevos socios. Algunas iniciativas, como la creación de una facultad de derecho
o el apoyo técnico para mejorar el sistema penitenciario, han fracasado debido a
la falta de voluntad política del gobierno de Chávez.
Según algunos observadores, hay una clara orientación política desde Madrid
para no involucrarse en la política interna de Venezuela y para evitar asuntos
sensibles en la protección de la comunidad española en Venezuela (alrededor
de 30 mil) y los intereses económicos de España en Venezuela (Repsol,
Iberdrola, BBVA, Movistar). Según funcionarios del gobierno español, las
relaciones con Venezuela están guiadas por el respeto mutuo, el bajo perfil y el
principio de la no intervención en la política interna. Esta actitud pro-gobierno
está en línea con la alianza bilateral entre los dos países y la participación de
Venezuela en la Comunidad Iberoamericana de Naciones. No obstante, a través
de las ONG, la agencia española del desarrollo AECID también financia un
proyecto multi-anual de la organización de derechos humanos Cofavic.
Desde el 2004, Alemania no ha dado asistencia a Venezuela para el desarrollo.
Debido a la reorientación de su asistencia hacia países de bajos recursos, y sus
problemas políticos con el gobierno de Venezuela, la agencia del desarrollo de
Alemania, GTZ, decidió cerrar su oficina en Caracas. Además de los pequeños
fondos manejados por el funcionario de derechos humanos de la Embajada de
Alemania en Venezuela, la asistencia para la democracia está exclusivamente
canalizada a través de las oficinas locales de las fundaciones políticas de
Alemania: particularmente la Konrad Adenauer (KAS) y la Friedrich Ebert Stifung
(ILDIS/FES).
Con casi 500 mil euros para la asistencia para la democracia en Venezuela, KAS
es un donante de tamaño medio en Venezuela. Desde 1962, sus actividades han
sido concentradas en la capacitación y formación de líderes políticos – en
cooperación con el instituto regional para la capacitación política IFEDEC – y un
apoyo financiero directo al partido político COPEI. Hasta los años noventa,
Venezuela fue un punto de enfoque para el movimiento demócrata cristiano en
América Latina. Durante la era de Chávez, la KAS ha reducido su financiamiento
a COPEI y ha diversificado sus socios en Venezuela (25 en 2009), pero no ha
cambiado su trabajo en cuanto a la capacitación política y el diálogo con los
partidos políticos conservadores (hoy COPEI y Primero Justicia). De hecho, la
KAS es uno de pocos donantes europeos que continúa financiando a los
partidos políticos, principalmente a través de sus fundaciones políticas Justicia y
Democracia (Primero Justicia) e IFP (COPEI). La KAS también ofrece apoyo
financiero y logístico a la plataforma de la oposición, la MESA DE UNIDAD
(MUD). Comparada con sus experiencias de años anteriores, la KAS ha
diversificado sus socios y hoy otorga fondos para proyectos de corto plazo.
Su alianza especial con COPEI fue reemplazada en 2002 por un convenio interinstitucional
con la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) (con un
presupuesto anual de 70-80 mil euros). Las dos instituciones definieron tres
líneas de trabajo: 1) orden de derecho, 2) institucionalidad democrática, 3)
capacitación y formación política y en valores democráticos. Además de los
partidos políticos y la UCAB, la KAS trabaja con diferentes ONG políticas y la
Iglesia Católica con proyectos más pequeños (un mediano de 20 mil dólares
anualmente). En 2007/2008, bajo el antiguo director Michael Lingenthal, la
fundación fue públicamente criticada por el gobierno de Chávez por su apoyo
abierto a la oposición. Hoy, mantiene un bajo perfil político y dice que sus
actividades están en línea con la Constitución.
La oficina de la Alemana ILDIS (Friedrich Ebert Foundation) en Venezuela –
creada en 1973 – concentra sus actividades principalmente en proyectos
regionales. Hoy, sus objetivos en Venezuela incluyen la contribución a la
gobernabilidad democrática, los derechos humanos y el diálogo pluralista,
particularmente con organizaciones progresistas de la sociedad civil, sindicatos y
partidos políticos. Seminarios, talleres y formación son los principales
instrumentos de la FES. Su asistencia para la democracia se divide en tres
periodos: 1) apoyo directo a Acción Democrática hasta finales de los años
ochenta; 2) un breve periodo de cooperación con el gobierno de Chávez (hasta
2004), incluyendo dos evaluaciones sobre las Misiones, una cooperación con el
Parlamento y un informe sobre el Socialismo del Siglo XXI; el trabajo con ONG y
sindicatos; y 3) en la actualidad, una participación limitada en los proyectos de
asistencia para la democracia de otros donantes y proyectos regionales. Hoy,
ILDIS no suministra ningún apoyo a su antiguo aliado, AD, debido a su
“resistencia a la reforma”. La cooperación inicial entre el gobierno e ILDIS
también ha terminado, luego de algunas declaraciones críticas y evaluaciones
de la FES sobre los programas sociales de Chávez y la participación
democrática (particularmente con respeto a los sindicatos). Hoy, FES/ILDIS es
vista por los chavistas como “traidora” de la izquierda. Frustrada por los malos
resultados de sus proyectos con los dos lados, la FES decidió trabajar ni con el
gobierno, ni con las ONG de oposición, sino para apoyar iniciativas económicas
y sociales multi-laterales y proyectos regionales que incluyen a la investigación
sobre Venezuela. Parecida a la KAS, sus actividades están orientadas hacia la
capacitación política y los debates públicos sobre el futuro de Venezuela.
Aunque ILDIS decidió bajar su perfil, la fundación mantiene una serie de
proyectos bilaterales enfocados en asuntos de gobernabilidad y gerencia
pública.
A pesar de los intereses económicos – con Venezuela como su tercer mercado
de productos en América Latina – Canadá es el tercer suministrador de la
asistencia para la democracia en Venezuela. Su recién participación en ésta
área está en línea con la nueva política canadiense hacia América Latina y sus
tres principales preocupaciones: buena gobernabilidad, la prosperidad y la
seguridad. Con fondos anuales de aproximadamente 200 mil dólares
canadienses, se canaliza sus asistencia a través de dos principales programas:
el Fondo Glyn Berry y el Fondo de Canadá para Iniciativas Locales. Como la CE,
Ottawa trabaja con la sociedad civil y el gobierno. Sus proyectos están
concentrados en eventos culturales con un fondo político, la prevención del
crimen (incluyendo al entrenamiento de las fuerzas policiales), y los proyectos
sobre democracia y derechos humanos.
Parecida a su perfil en Cuba, en
Venezuela, Canadá es un socio discreto con un bajo perfil público que le permite
mantener proyectos con distintos socios. CIDA y los proyectos de la Embajada
benefician de 13 a 15 ONG venezolanas cada año. La duración máxima de los
proyectos de la Agencia del Desarrollo de Canadá (CIDA) es de un año. Canadá
financia proyectos innovadores, como la campaña pública para los derechos
humanos con jóvenes artistas, o el premio canadiense para los derechos
humanos. Sus actividades también incluyen a la capacitación y formación de
actores políticos. Su política está fundamentada en la promoción de la más alta
cantidad de organizaciones e iniciativas posibles. A diferencia de otros socios,
Canadá se entiende como un facilitador con un perfil neutral, aunque sus
actividades han sido criticadas por Chávez.
VISIÓN LOCAL SOBRE EL IMPACTO DE LA ASISTENCIA
PARA LA DEMOCRACIA
En general, todos los beneficiarios locales han enfatizado el impacto positivo,
pero limitado, de la asistencia para la democracia en Venezuela. Un punto de
enfoque de las críticas hechas por las organizaciones locales ha sido la
percepción de que la comunidad internacional, y particularmente la Unión
Europea y España, prestan poca atención a la situación política en Venezuela y
deben aumentar su intervención en materia de democracia y derechos humanos.
Visiones similares sobre la democracia. No existen visiones divergentes
sobre la democracia entre las organizaciones locales y los donantes. Con
respeto a la democracia participativa de Chávez, en contraste con la democracia
liberal, los donantes internacionales y la sociedad civil venezolana comparten la
percepción de que es una “farsa” intentar esconder al autoritarismo y la
centralización del poder detrás de un concepto de “democracia participativa”.
Además, la supuesta transferencia del poder al pueblo y la creación de consejos
comunales financiados por el gobierno (60 mil en total), es más para el propósito
del clientelismo y el control sobre la población, que una forma inovadora de
participación democrática. No obstante, las ONG locales han reconocido que el
chavismo ha cambiado la percepción de la democracia de un concepto elite a un
concepto más inclusivo. En consecuencia, ya no es posible volver a la
“democracia elitesca” del “puntofijismo”. En su lugar, debe haber un consenso
sobre la “democracia social”, que incluya a la participación de los pobres.
Evaluación de la asistencia para la democracia. Todas las organizaciones de
la sociedad civil comparten una percepción positiva de la asistencia para la
democracia, pero se han quejado de los resultados limitados de la intervención
extranjera. Los entrevistados también reconocieron que las organizaciones
locales podrían jugar un papel más activo, mejorar su imagen e incrementar su
proyección regional e internacional. En este sentido, algunos subrayaron la
necesidad de más entrenamiento y capacitación sobre cómo formular, coordinar
y presentar los proyectos internacionales.
Aunque las percepciones locales
sobre la ayuda para la democracia son generalmente positivas, las críticas
pueden ser resumidas de la siguiente manera:
1) Los recursos son demasiados limitados. La falta de alguna provisión de
financiamiento para la infraestructura de las organizaciones y los salarios
de sus empleados fue uno de los principales problemas identificados.
Muchas ONG y algunos partidos políticos ni siquiera tienen una oficina
decente y la mayoría trabaja con voluntarios. Los socios locales pidieron
más flexibilidad y cooperación de largo plazo para sostener a sus
organizaciones durante un tiempo mayor.
2) Los límites del financiamiento externo aumentan la competición entre las
organizaciones locales, y es uno de los obstáculos a la coordinación, la
cooperación y la creación de redes.
3) Los donantes deben ser más flexibles con respeto a la gerencia de los
proyectos. Las evaluaciones de los proyectos deben permitir divergencias
del diseño inicial de las actividades, y permitir adoptarse a la situación
local de acoso y amenaza.
4) Según los beneficiarios, cualquier clase de interferencia en el diseño de
los proyectos y los resultados debe ser evitado, y ser la responsibilidad
exclusiva de las organizaciones locales. Al mismo tiempo, los donantes
deben formar una parte activa del convenio.
5) Los donantes deben apoyar a las estructuras institucionales y evitar
promover la dinámica del liderazgo carismático en la política a través de
la personalización de la asistencia para la democracia.
6) Debe haber más fondos para la coordinación y trabajo entre las ONG y
los partidos políticos. Una mesa redonda financiada por la NED que
discutió la asistencia para la democracia entre diferentes beneficiarios fue
mencionada como un ejemplo de una buena práctica.
“Doble moneda = menos dinero”. Además de los límites estructurales, otro
problema para las organizaciones de la sociedad civil ha sido la “moneda doble”:
después de la devaluación del Bolívar, la cifra no oficial del dólar es más alta que
la oficial. Como la mayoría de los donantes están aplicando la cifra oficial, los
fondos han sido reducidos de manera sustancial (en beneficio del gobierno).
Algunos donantes han resuelto este problema pagando en efectivo (en dólares o
euros), utilizan cuentas en el extranjero o aplican cifras semi-oficiales para el
cambio, pero otros, como la Comisión Europea, continúan pagando los bolívares
bajo la cifra oficial.
Buenas prácticas. Mientras que los beneficiarios locales han sido muy
cuidadosos con respeto a sus percepciones de los donantes estadounidenses,
en términos cualitativos (no relacionados con los fondos), muchos de los
entrevistados identificaron a la alemana KAS y a Canadá como socios
excelentes. Ambos están activamente involucrados en sus proyectos y
mantienen un diálogo regular con los socios locales, y monitorean sus
actividades de forma transparente, sin interferencia o imposición alguna de sus
propias visiones o modelos. En términos prácticos, comparado con la Comisión
Europea, los niveles de burocracia son aceptables, los fondos adicionales son
limitados y el dinero llega a tiempo. Los dos intentan evitar la cifra de cambio
oficial y utilizan el dolar “permuta” para poder incrementar los recursos para los
proyectos. Aunque el impacto de sus proyectos pequeños es limitado, la KAS ha
sido aclamada por las organizaciones locales debido a su flexibilidad,
innovación, enfoque, y su trata de iguales. Canadá es vista por los donantes
locales como una “autoridad moral” en cuanto a la democracia y los derechos
humanos. Su neutralidad, ausencia de interés en la política nacional, respeto
para sus socios locales y su intervención constante ha servido como ejemplo de
buena práctica. Debido a su diplomacia silenciosa, Canadá aún no ha sido
víctima del gobierno de Chávez.
A pesar de sus fondos limitados, la recién intervención del Instituto de la
Sociedad Abierta (OSI) ha sido evaluada como una experiencia excelente. Los
fondos son fáciles de obtener, los niveles de la burocracia son bajos, el diálogo
con el OSI es fluído y, al contrario de los fondos de EEU, no hay un intento de
manipular los resultados, ni hay interferencia política con respeto al diseño de
los proyectos. Los resultados de proyectos, el control del presupuesto y los
informes finales son manejados de manera flexible por el OSI.
Logrando un balance. Aunque muchas instituciones locales buscan
financiamiento de la Comisión Europea, la mayoría de las organizaciones locales
criticaron los altos niveles de burocracia, la necesidad de co-financiar proyectos,
los presupuestos complicados, los procedimientos para la gerencia de
proyectos, y el proceso no transparente de la selección de proyectos. Para las
pequeñas ONG (sin equipos permanentes), es casi imposible obtener los fondos
de la Comisión Europea. Además, algunos entrevistados criticaron el enfoque
técnico de los proyectos y su resistencia a involucrarse en la política a través del
apoyo a los partidos políticos o las ONG más políticas. Según las voces críticas,
la Unión Europea debe mantener prioridades políticas y no técnicas, como un
compromiso más fuerte con respeto a los derechos humanos (incluyendo a los
presos políticos), la libertad de expresión y la lucha contra la represión y la
violencia política. Del lado positivo, fueron mencionados la gran cantidad de
recursos disponibles, el papel relativamente neutral de la Comisión Europea, y
su visión multi-anual para los proyectos.
Según la poca información disponible, la Fundación Panamericana para el
Desarrollo (PADF) de EEUU fue también sujeta a una evaluación mixta. Del lado
positivo, los beneficiarios locales subrayaron el hecho de que los recursos fueron
12
muy elevados, distribuidos de manera multi-anual, a largo plazo y que la PADF
también suministra financiamiento principal para salarios y oficinas. Pero de lado
negativo, están los intentos de influir sobre el diseño y los resultados de los
proyectos, según las propias metas de las organizaciones. Algunos también
criticaron los procedimientos complejos y burocráticos para el presupuesto y el
riesgo de recibir fondos de una agencia estadounidense.
Peores prácticas. Según algunos de los entrevistados, recibir los fondos de
EEUU es arriesgado y los convierten en blanco del gobierno. Por éstas razones,
y para evitar el “beso de la muerte”, algunas organizaciones locales rechazan los
fondos de EEUU. Otras ONG locales resuelven el problema de la visibilidad a
través de su decisión de no aparecer en la lista de los beneficiarios. Esto explica
la dificultad para obtener información pública sobre los donantes
estadounidenses y sus proyectos en Venezuela. Antes del “caso Súmate-NED”,
el Instituto Demócrata Nacional (NDI) jugaba un papel muy activo en la creación
y trabajo de día-a-día de algunos partidos políticos y ONG. Un ejemplo claro fue
Ojo Electoral, una ONG para la observación electoral, lanzada por NDI con la
idea de crear una institución política local neutral para incrementar el control
sobre las elecciones y evitar fraude. A un nivel bajo, sin ninguna visibilidad, el
NDI sigue financiando a los partidos políticos. Lo mismo ocurre con el Instituto
Republicano Internacional (IRI), cuyo apoyo a nivel local es aún más discreto
para evitar un “segundo Súmate”. Debido al juicio, la relación NED-Súmate tuvo
efectos negativos para la visibilidad de la promoción de la democracia en
Venezuela. Los grandes donantes y fundaciones de EEUU ya no están en el
país; el Centro Carter aún tiene presencia pero cerró su oficina en Caracas y
otros ni siquiera han abierto una. A diferencia de los donantes de Europa y
Canadá, y debido a las tensiones bilaterales a nivel gubernamental, las agencias
estadounidenses decidieron operar desde el exterior. [La mayoría desde
México]. Para proteger a sus socios locales, la Embajada de los EEUU no
suministra ninguna información sobre sus proyectos y algunos fondos son
canalizados y “triangularizados” a través de la Comisión Europea.
La alianza de España con el gobierno ha sido criticada por la mayoría de las
ONG locales y partidos políticos. Los socios locales subrayaron la necesidad
para que España demuestre un compromiso más fuerte y que asuma un perfil
político mayor. Según otros, Madrid no está utilizando su papel potencial como
“puente” entre la oposición y el gobierno. Desde que el Centro Carter fracasó
como mediador, algunos han esperado a que España llene este vacío, y según
los entrevistados, también esperan a que cambie su política hacia Venezuela e
incremente su asistencia para la democracia y la sociedad civil.
Visiones distintas sobre los perfiles de los donantes. Debido a la ausencia
de un cuerpo filantrópico nacional, todos los socios locales exigen a que los
donantes externos mantengan sus fondos para la asistencia para la democracia.
La mayoría piden más financiamiento para mantener la sociedad civil incipiente.
Pero otros recomendaron el mantenimiento de recursos y la intervención política
a un nivel más modesto (el más bajo el perfil, mejor) para proteger a las
instituciones locales de la persecución del gobierno. Además, hay un amplio
consenso en Venezuela de que el término, “promoción de la democracia”, tiene
un efecto negativo y no debe ser utilizado.
FACTORES QUE HAN DEBILITADO EL IMPACTO DE LA
ASISTENCIA PARA LA DEMOCRACIA
El alto nivel de la polarización política y la lucha entre la nueva élite bolivariana y
la élite tradicional puntofijista, es el principal obstáculo a una política exitosa de
asistencia para la democracia, que requiere también un componente de
prevención de conflictos a nivel de la sociedad civil. Venezuela está
políticamente y socialmente dividida en tres bloques: los chavistas, la oposición
y el grupo grande de los ni-nis. La idea del gobierno de la democracia
participativa o la democracia directa, está en conflicto con la democracia liberal
defendida por la oposición y la sociedad civil. No hay consenso entre estas dos
visiones. Comparado con la extrema centralización del chavismo, la oposición
está altamente fragmentada y dividida en más de 30 partidos políticos. Ambos
campos están concentrados en el liderazgo y demuestran bajos niveles de
democracia.
Ni la oposición ni el gobierno favorecen un diálogo entre ellos e intentos
anteriores (de Brasil y del Centro Carter) de mediar entre las partes han
fracasado. Desde entonces, la asistencia para la democracia se ha enfocado en
las ONG y los partidos políticos de la oposición en contra de Chávez. No
obstante, la intervención de la comunidad internacional está demasiada modesta
para contrarrestar el poder del chavismo, evidente desde el 2004 cuando el
Presidente ganó el referéndum. La posición débil de los donantes incrementa el
riesgo de convertirse en un blanco del régimen. Las actividades de algunos
donantes, como la NED y la KAS, han sido ya utilizadas por el gobierno para
intimidar a las organizaciones locales y declarar el fin de la cooperación
internacional.
El apartheid político ha sido transferido a las relaciones diplomáticas. El gobierno
percibe cualquier cooperación internacional como una injerencia en los asuntos
internos del país. Su propia relación con los donantes internacionales está
limitada a la asesoría técnica de bajo nivel. Las organizaciones de la sociedad
civil son consideradas “fuerzas contrarrevolucionarias” y así identificadas como
“enemigas” del chavismo. Con base en esta lógica, trabajar con las
organizaciones de la sociedad civil significa convertirse en un adversario político
del Presidente y, en algunos casos, significa el fin de las relaciones diplomáticas
de alto nivel. Muchas embajadas europeas se quejan porque no tienen contactos
de alto-nivel con el gobierno, y el Embajador de Chile renunció debido a ésta
frustración.
Desde que Chávez perdió el referéndum en 2007, el parlamento, leal a él, ha
aprobado más de 30 leyes para imponer la reforma constitucional de otra
manera. El proceso del control político de hoy es también el resultado de un
proceso silencioso que está quitando el poder de la sociedad civil, la cual no ha
podido responder frente a este semi-autoritarianismo, o lograr convencer a la
comunidad internacional, particularmente a España y la Unión Europea, para
que critiquen de forma abierta al gobierno de Chávez. El Presidente no ha
cerrado ninguna institución democrática, pero emplea un amplio rango de
mecanismos democráticos para crear un sistema político autocrático y
personalizado.
Nuevas leyes tienden a debilitar a la sociedad civil e impactar la asistencia para
la democracia. Un ejemplo es el control de Chávez sobre Caracas, oficialmente
gobernada por el anti-chavista Antonio Ledezma (miembro del partido de la
oposición Alianza Bravo Pueblo). El gobierno le quitó el poder a Ledezma y creó
una ley para establecer una “gobernación del distrito capital”, imponiendo una
persona escogida por Chávez, Jacqueline Farías, como alcaldesa de facto de la
capital.
Una segunda iniciativa legal, orientada a debilitar la intervención internacional
con los actores no-estatales, es una ley de cooperación internacional, bajo
discusión desde el 2006. La aprobación del texto inicial hubiese tenido dos
consecuencias: 1)una concentración de la cooperación internacional en un fondo
común administrado por el gobierno de Chávez y 2) un norma que requiere el
registro de las ONG, autorizado por el gobierno. Un procedimiento similar resultó
en el cierre de 24 emisoras de radio.
La Ley de Cooperación Internacional reduciría de manera sustancial la
intervención y el apoyo para la democracia y las organizaciones nogubernamentales.
Las presiones de la Unión Europea (particularmente de
Finlandia y Alemania) han impedido su aprobación hasta hoy. La ley podría
significar, como dijo un donante, “el fin de toda la intervención internacional” en
Venezuela.
Un tercer factor que debilita el impacto de la asistencia para la democracia en
Venezuela ha sido la recién aprobada ley electoral (ley orgánica de procesos
electorales). Esta ley socava el papel de la oposición porque redefine los
distritos electorales (a favor del chavismo) y cambia el sistema electoral para ser
similar al Reino Unido. Ambas iniciativas limitarían las posibilidades de que los
partidos anti-chavistas ganen las elecciones parlamentarias en septiembre 2010,
y así, socavarían los esfuerzos de la comunidad internacional para lograr el
pluralismo político en Venezuela.
Aparte de las sanciones legales, hay un incremento hacia la represión de las
voces críticas, y un acoso a los activistas de derechos humanos y periodistas
independientes, y otros que no son leales a Chávez. Aunque el número de
presos políticos aún es menor, las amenazas y la violencia selectiva contra la
oposición y las ONG va en aumento. Pocos periodistas han sido acosados o
asesinados, pero el gobierno ha incrementado su control sobre los medios de la
oposición.
Entre otras acciones, decidió en 2007 no renovar la licencia de RCTV
(bajo una nueva ley de responsabilidad social), incrementó el número de
programas públicos en televisión y radio, y cerró 24 emisoras de radio.
La reacción débil y ausente de los donantes frente a éstas leyes y el aumento en
la represión política ayuda a fortalecer la posición del gobierno. Además, la
ausencia de las voces críticas ha confirmado el éxito de la estrategia política de
Chávez, que busca convocar procesos electorales con frecuencia y utilizar los
procedimientos democráticos para avanzar con un proceso sistemático y
silencioso de control político y autoritario.
Pero aún hay claros obstáculos de los socios locales que limitan al impacto de la
asistencia para la democracia. La sociedad civil aún está muy débil, fragmentada
y sub-financiada. La falta crónica de recursos nacionales ha sido parcialmente
recompensado por la cooperación internacional. Desde el 1999, los partidos
políticos no pueden recibir subsidios del estado y las ONG no han tenido acceso
a los fondos públicos. El sector privado está bajo amenaza por el proceso de las
nacionalizaciones y no ha querido meterse en problemas a través del apoyo en
las actividades anti-gobierno.
Algunos partidos políticos de la oposición aún están identificados con el
Caracazo y la caída del puntofijismo. Su credibilidad es muy baja con respeto a
los asuntos sociales, que son manipulados por el gobierno. A pesar del progreso
hacia una estrategia común (la Mesa de la Unidad), los partidos de la oposición
están divididos en más de 30 grupos políticos y no han podido definir una
plataforma común para poder lograr favorables resultados electorales. AD, en
particular, pero también COPEI y otros, han sido criticados por su rechazo de la
idea de una reforma interna en sus partidos, y el cambio generacional. Otros,
como Primero Justicia o Un Nuevo Tiempo (una división de AD), son dominados
por jóvenes profesionales, pero sus actividades tienden a concentrarse en
Caracas y las pocas regiones gobernadas por la oposición, con una
representación limitada en aquellas partes del país donde el chavismo tiene
fuerza. Las debilidades de la oposición y la estrategia del gobierno de neutralizar
a las voces críticas ha reducido los espacios electorales para los anti-chavistas.
Un problema estructural para la promoción a la democracia en Venezuela es la
idea (compartida por el gobierno y la sociedad civil) de un “estado mágico del
petróleo”. Los chavistas y la oposición siguen la lógica de un estado rentista y un
modelo de desarrollo y democracia que incluye altos niveles de corrupción y
clientelismo. Ocupar al estado a través de los mecanismos democráticos o no
democráticos, aún es el objetivo compartido por todos los actores políticos en
Venezuela. Dentro de éste marco político, la sociedad civil venezolana nació no
como un movimiento independiente, sino como una reacción al chavismo.
LA NECESIDAD URGENTE PARA UN RESPALDO
DIPLOMÁTICO PARA APOYAR LOS PROGRAMAS
Debido a la ausencia de España, los Estados Unidos y la OEA, hay un vacío de
poder internacional en Venezuela. Además, Canadá, la Unión Europea y la OEA
y sus caminos de influencia en Venezuela, son muy distintos a los de Estados
Unidos. En contraste con la política estadounidense de sanciones y aislamiento
diplomático, el gobierno de Chávez aún continúa siendo un socio político de
Canadá, la Unión Europea, España y la OEA. Estas diferencias representan un
obstáculo mayor para el desarrollo de una reacción diplomática común. En
consecuencia, la coordinación entre donantes es casi ausente.
No obstante, los socios locales subrayaron la urgente necesidad de un respaldo
diplomático a la asistencia para la democracia en el país. Las organizaciones
locales están de acuerdo en que debe existir una fuerte crítica pública contra los
abusos de los derechos humanos cometidos por Chávez, y sus medidas como el
cierre de las 34 emisoras de radio, la aprobación de la nueva ley electoral o la
ley de cooperación internacional. Se debe prestar mayor atención a las
restricciones de las libertades políticas, la impunidad, la libertad de expresión y
la violencia política.
Según las organizaciones de la sociedad civil, la Unión Europea y España
tienden a subestimar los efectos de las críticas públicas. Los socios locales
creen que el gobierno le tiene miedo a una reacción fuerte de la comunidad
internacional. En su opinión, a pesar de los ataques verbales, y las alianzas con
Irán, Rusia y China, Chávez no está interesado en una confrontación abierta con
sus socios tradicionales, y sí se preocupa por la imágen internacional de
Venezuela.
PRINCIPALES SECTORES DEL APOYO
Dado los bajos niveles de la asistencia para la democracia y su visión de corto
plazo, la distribución de los proyectos varia de año a año. Hasta el 2004/2005, la
OEA, el Centro Carter y la Comisión Europea ofrecían apoyo en los procesos
electorales. Debido a que la confrontación política, y el apartheid político, no han
sido solucionados estos problemas a través de los procesos electorales (y dudas
sobre el fraude electoral permanecen), y entonces, la comunidad internacional
decidió abandonar su apoyo principal al tema electoral.
Hoy, la asistencia para la democracia ya no está orientada hacia los sensibles
asuntos políticos, sino que está concentrada en los derechos humanos. Se ha
brindado apoyo continuo y de largo plazo a las grandes organizaciones de
derechos humanos (particularmente Cofavic y Provea). Capacitación y
entrenamiento para los dirigentes de partidos y comunidades, particularmente
ofrecidos por las fundaciones políticas alemanas, son también aspectos
tradicionales de la asistencia para la democracia. Últimamente, los donantes
internacionales han comenzado a financiar proyectos con los medios de
comunicación y las ONG para fortalecer la libertad de expresión y promover el
debate público sobre la democracia. Dado las divisiones entre el gobierno y la
comunidad internacional de donantes, las agencias del Estado y el parlamento
no han recibido ninguna asistencia política.
Algunos de los entrevistados subrayaron el riesgo de que, dado los recursos
limitados, algunos sectores (en 2009, programas para mejorar las condiciones
de las cárceles, o el informe anual sobre derechos humanos de Provea) no
recibirían más apoyo externo, debido a sus otras prioridades. El problema
particular para las organizaciones más pequeñas es que ellos no tendrían otras
oportunidades para obtener fondos alternativos. Otro problema identificado por
los socios locales es la concentración de la asistencia para la democracia en
Caracas. Poca atención ha sido prestada a proyectos locales en otras partes del
país.
Pero el problema actual es que los donantes no dedican suficientes fondos a los
dos sectores claves: partidos políticos y mediación.
Partidos políticos. Debido a las experiencias negativas en el pasado y las
amenazas del gobierno, los donantes internacionales ofrecen un apoyo limitado
a los partidos políticos de la oposición. Las agencias estadounidenses y la KAS
de Alemania son los principales financistas de los partidos políticos. Su
intervención está concentrada en tres fuerzas dominantes: Primero Justicia, un
partido centrista de jóvenes profesionales liberales creado en 2000 por el
abogado Julio Borges; el demócrata social Un Nuevo Tiempo, dominado por el
candidato presidencial y ex gobernador de Zulia, Manuel Rosales (ahora en
exilio); y COPEI. Aunque el apoyo externo está dirigido a los partidos de centroderecha,
según un estudio de Datanalísis, 17% de los venezolanos se identifican
con los grupos de la oposición y 30% se identifican con el PSUV y los partidos
aliados de izquierda. En general, hay una necesidad de construcción de
confianza entre los donantes y los partidos políticos. Desde el 2005, cuando la
oposición decidió no participar en las elecciones legislativas, hubo una cierta
falta de confianza y una frustración dentro de los círculos de la Unión Europea
con los partidos políticos de la oposición venezolana.
Mediación. El problema principal en Venezuela, es la ausencia del diálogo entre
los chavistas y los anti-chavistas a nivel de la sociedad civil. Todos los socios
locales subrayaron la necesidad de abrir canales de debate con el ramo
chavista. Como comentó un observador, “es necesario minimizar el nivel de la
polarización para traer de nuevo los colores grises a la nación”. No obstante,
siguiendo ejemplos negativos del pasado, la mayoría de los donantes considera
que la tarea es casi una misión imposible (demasiada arriesgada, frustrante y sin
voluntad política). Experiencias del pasado y el poder de Chávez, crean
incentivos negativos para un diálogo entre el gobierno y la oposición.
Hasta el referéndum de 2004, el Centro Carter y la OEA promovían el diálogo
entre la oposición y el gobierno. Aunque los esfuerzos para la mediación
ayudaron evitar un conflicto abierto entre ambos lados, su impacto sobre la
democratización ha sido muy limitado y hasta contraproductivo, debido a que el
Centro Carter fue utilizado por Chávez para legitimar las elecciones en 2004.
Hoy, el Centro Carter sólo (con el apoyo del ILDIS y otros) organiza un foro de
diálogo entre periodistas de distintas posiciones políticas.
Aunque no existe actualmente una ventana de oportunidad para los contactos de
alto-nivel entre los dos lados, puede identificarse un nivel más bajo de diálogo,
confianza y construcción de confianza. A través de la selección de asuntos con
un perfil político bajo (macro y micro economía, petro-Estado, vivienda,
ambiente, etc), los donantes deben intentar construir puentes entre los dos
lados, contribuyendo, desde arriba, a la consolidación de un consenso más allá
de las rivalidades personales y la desconfianza política.
CONCLUSIONES
Trabajar o no trabajar con el gobierno es una de las preguntas más complejas
que los donantes tienen que hacer en el caso de Venezuela. Existen argumentos
para las dos opciones. Los casos de la Unión Europea y Canadá comprueban
que los contactos con el gobierno y la sociedad civil inevitablemente tienen los
efectos de un bajo perfil diplomático y un nivel mínimo de crítica. Pero el caso
español claramente subraya el costo político de ser identificado como un aliado
de un régimen semi-autoritario. A pesar de estos riesgos, los donantes deben
intentar trabajar con las agencias del Estado, preferiblemente a un nivel técnico,
y particularmente con el parlamento (después de 2010) y el Tribunal Supremo de
Justicia.
Pocos proyectos han sido financiados en el sector judicial, la fundación alemana
GTZ ya no está involucrada en la reforma judicial y el FMI ha terminado su
proyecto técnico sobre la reforma judicial con el Tribunal Supremo de Justicia.
Francia ha firmado un acuerdo de cooperación con el Tribunal Supremo de
Justicia (reestructurado en 2005). Organizaciones locales enfatizaron la
necesidad de tener proyectos independientes para reforzar al proceso
ineficiente, lento y politizado en el sector judicial. Un punto de comienzo para
evitar la resistencia gubernamental podría ser a través del financiamiento a los
proyectos académicos en el sector judicial.
La intervención extranjera con respeto a la corrupción también ha sido débil a
nivel local y nacional. En este sentido, las experiencias de ILDIS y España y su
trabajo con el gobierno podrían ser utilizadas como casos de prueba para
identificar lugares de colaboración a un nivel bajo en el sector público.
Es extremadamente difícil identificar socios neutrales o sectores en un ambiente
en donde casi todos los sectores, incluyendo la educación, la energía y el
ambiente, están politizados. Identificar temas dentro de los cuales se pueda
promover un diálogo democrático y pluralista es tan difícil como la búsqueda de
actores e instituciones neutrales dentro de la oposición y el gobierno. Una
alternativa sería trabajar más allá de las élites tradicionales y buscar nuevos
grupos, como los estudiantes, los jóvenes líderes políticos y los consejos
comunales.
La polarización política y el carácter semi-autoritario del gobierno obligan a los
donantes internacionales a trabajar con actores particulares. Dado que no existe
la separación de los poderes en Venezuela, es extremadamente difícil fortalecer
las instituciones. En un sistema centralizado, como en Venezuela, el impacto de
entrenar y formar a los funcionarios gubernamentales sería muy limitado. La
creciente presencia de las fuerzas militares en el gobierno dificulta más la
participación de los donantes internacionales. Hay una necesidad urgente de
romper con el círculo vicioso de la violencia y la impunidad, el narcotráfico, el
crimen y las condiciones de las cárceles que socavan el papel de un Estado que
cada día es más ineficiente, corrupto y politizado. Los donantes internacionales
deben ayudar a des-politizar y profesionalizar el Estado.
La mejor respuesta al semi-autoritarismo es reforzar a las instituciones, observar
las elecciones, criticar al gobierno y apoyar a la oposición democrática. No
obstante, por razones distintas (intereses económicos y geoestratégicos), no hay
un respaldo diplomático a la asistencia para la democracia. Además, la mayoría
de los proyectos están enfocados en ONG y organizaciones de la sociedad civil
y no se identifican claramente con la oposición. Adicionalmente, la observación
electoral ha sido muy limitada desde 2004. Para evitar un régimen autoritario y el
fin de la sociedad civil en Venezuela, la comunidad internacional debe asumir
una postura más clara y firme con sus socios tradicionales en Venezuela.
España y los EEUU deben adoptar un perfil político más público y crítico contra
el gobierno y coordinar sus posiciones. Mientras que ambos están en lados
distintos, el impacto de la asistencia para la democracia se mantendrá muy
limitado.
La mejor respuesta a la polarización sería crear un diálogo entre los adversarios
políticos. Esta clase de iniciativa es arriesgada, pero necesaria para la
prevención del conflicto. Aunque los resultados no se han dado, sin un
compromiso más fuerte a nivel internacional, la situación política en Venezuela
podría terminar en un régimen autoritario dominado por Chávez, o con
constantes protestas abiertas contra su régimen. La intervención en Venezuela
tiene que tomar en cuenta estos escenarios negativos, porque el nivel de
intervención externa decidirá el futuro político de Venezuela.
RECOMENDACIONES
La asistencia para la democracia en Venezuela debe formar parte de una
estrategia estructural de largo plazo que incluye a una serie de actores. Para
incrementar el impacto de la asistencia, los donantes deben contribuir a cuatro
objetivos principales: 1) despersonalización de las instituciones, 2)
despolarización de la sociedad, 3) desmilitarización de la política, 4)
despolitización del Estado y sus instituciones.
A pesar de la polarización política y el desacuerdo entre la democracia
representativa y la democracia participativa, hay un consenso muy amplio en
Venezuela con respeto a la “democracia social”. Este acuerdo podría ser el
punto de lanza para que la comunidad internacional rediseñe sus proyectos
políticos en Venezuela e inicie un diálogo amplio sobre las distintas visiones de
democracia, desarrollo, gobernabilidad y Estado.
Un dilema general al dar asistencia para la democracia en los regímenes
autoritarios es la visibilidad. Mientras que un bajo perfil político limita al impacto
de la asistencia para la democracia, las críticas abiertas podrían ser
contraproducentes porque podrían reducir el espacio para los socios locales.
Seguir el ejemplo de Canadá, que es un donante político con un perfil bajo y
discreto pero aún con visibilidad, podría mejorar el impacto de la asistencia para
la democracia. Para muchas organizaciones locales e incluso para el gobierno,
Canadá es una “autoridad moral”.
Otro problema para los promotores de la democracia es cómo extender los
programas más allá de Caracas y las zonas gobernadas por la oposición. Hay
una necesidad urgente para que la cooperación internacional llegue a un nivel
local y apoye a organizaciones que no están basadas en la capital ni en los
distritos de la oposición. Uno de los desafíos para el futuro de la asistencia para
la democracia en Venezuela es cómo intervenir e interactuar con los gobiernos
municipales y regionales. Finalmente, un impacto más alto de la asistencia para
la democracia también requiere un poco de coordinación. Existe la necesidad
urgente de mejorar la coordinación entre donantes, beneficiarios y ONG locales
y regionales.
Finalmente, el caso venezolano nos enseña algunas lecciones generales sobre
cómo trabajar en un ambiente polarizado, semi-autoritario en América Latina.
Programas
1. No exportar modelos políticos (lecciones aprendidas de las fundaciones
políticas alemanas y sus experiencias en el pasado con la asistencia para
la democracia en Venezuela).
2. Participar en la observación electoral antes y después de los procesos
electorales, y no solamente durante las elecciones.
3. Combinar la democracia con la asistencia social: trabajar en los bastiones
del apoyo a Chávez en las zonas pobres y apuntar hacia los problemas
principales (participación, inseguridad, basura y agua).
4. Ofrecer entrenamiento para la gerencia de proyectos, y ayudar con la
movilización de las ONG nacionales e internacionales, los partidos
políticos y otros socios.
5. Suministrar financiamiento básico para algunas ONG y organizaciones de
la sociedad civil.
6. Promover redes para las ONG y coordinación dentro de la sociedad civil.
7. Dar prioridad a los proyectos con un diálogo democrático y una visión de
construcción de consenso.
8. Promover actividades más allá de Caracas y fortalecer la democracia a
nivel local.
Socios
9. Ser abierto a cooperar con el gobierno y la sociedad civil, sin ser utilizado
por fines políticos.
10.Diversificar, pero no tener miedo a las alianzas especiales y al trabajo a
largo plazo.
11.Concentrarse en sectores e instituciones, y no en líderes individuales.
12.Trabajar con líderes políticos y consejos comunales, estudiantes y
jóvenes (incluyendo a los partidos políticos), en lugar de las élites
tradicionales.
13.Limitar los recursos para las ONG identificadas como partidos políticos.
Diplomacia
14. Apoyar el papel de la diplomacia y presionar más al régimen.
15.Incrementar las presiones sobre las empresas españolas y
estadounidenses que operan en Venezuela.
16.Evitar la auto-censura y ser visible, pero sin dañar la imagen de los socios
locales (lecciones aprendidas de Súmate).
17.Coordinar actividades y definir las posturas diplomáticas comunes.
18.No aceptar la auto-censura y evitar las declaraciones públicas
individuales.
19.Criticar al gobierno sin provocarlo abiertamente.
Fuente:
No hay comentarios:
Publicar un comentario