El Senado de EE UU quiere dar al presidente el poder de cortar Internet ante una ciberamenaza
El Senado estadounidense propone una nueva ley que daría plenos poderes al presidente para preservar la ciberseguridad del país, incluyendo cortar parcialmente el acceso a Internet. Las empresas proveedoras de acceso, los buscadores y los fabricantes de softwareseleccionados por el Gobierno deberían cumplir inmediatamente las órdenes del departamento de Seguridad. La desobediencia sería castigada.
El objetivo de la ley es salvaguardar la Red del país y “proteger a nuestro pueblo”. El proyecto da plenos poderes al presidente en caso de emergencia lo que anuncia que topará con una fuerte oposición. TechAmerica, un importante grupo de presión del sector tecnológico, ya ha manifestado su preocupación por el empleo que pueda darse a este poder absoluto que permite ordenar la desconexión de redes y sitios. La Protecting Cyberspace as a National Asset Act(PCNAA) se justifica por parte de sus ponentes porque el país no ha de esperar a que se produzca un 11 de septiembre cibernético para reaccionar. El proyecto diseña un Centro Nacional de Ciberseguridad que sería la autoridad en estos casos. La única limitación que contempla la ley es que las operadoras no podrían vigilar la conducta digital de sus clientes, su actividad en la Red, a menos que contaran con una autorización legal.
El proyecto se justifica porque las infraestructuras críticas el país han de estar a salvo de intrusiones y ataques de nuevas formas de criminalidad y terrorismo cibernético. El Centro Nacional podría revisar los mecanismos de seguridad implantados en las empresas privadas para tener conocimiento del grado de vulnerabilidad de las redes del país e incluso de las partes de estas redes en el extranjero que, si son asaltadas, “pueden generar un significativo daño”.
El proyecto de ley prevé, además, la inmunidad de aquellas compañías que al cortar el acceso o alterar el servicio de sus clientes al obedecer las órdenes de la administración les causaran daño. Los clientes no podrán acudir a los tribunales. Las compañías tendrán el apoyo económico de la administración. Estas medidas han recibido las primeras críticas porque dejan en una situación muy frágil al ciudadano internauta y, dada la inmunidad de las empresas privadas, incrementará los pleitos contra la administración.
(Publicado en El País)
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